Desde 1978, una vez recuperado el sistema democrático,
España siguió el camino de los países de Europa Occidental construyendo un
sistema social que se conoce como el Estado de bienestar, en el que la
democracia no solo otorga derechos políticos, sino también derechos sociales.
La grave crisis de 2008 ha puesto en cuestión a toda Europa,
y con mayor crudeza en algunos países como España, las posibilidades de
mantener este modelo si no se dedican los recursos necesarios.
A. HACIA EL MODELO
EUROPEO DEL BIENESTAR
En las últimas décadas se he consolidado en España el
llamado Estado del bienestar, que garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas
unos niveles mínimos de protección social.
Para ello fue esencial la Reforma Fiscal de 1977, en la que
se estableció un sistema de impuestos progresivo según el cual se paga en
función de lo que se gana (renta del trabajo), y se consolidó el sistema
público de Seguridad Social, que aseguraba
la atención médica y una jubilación retribuida a todos los ciudadanos y
ciudadanas.
La obligatoriedad del impuesto de la renta sobre las
personas físicas (IRPF) y la cotización de los trabajadores a la Seguridad
Social permitió al Estado aumentar sus ingresos y proceder a una redistribución
de los recursos que garantizase una serie de derechos sociales básicos.
B. LOS PILARES DEL
ESTADO DE BIENESTAR
El Estado de bienestar se basa en cuatro grandes ejes de
políticas sociales, que garantizan los derechos sociales básicos a todos los
ciudadanos y ciudadanas:
-El sistema de Seguridad Social, financiado por empresarios
y empresarias y trabajadores y trabajadoras, que da lugar a prestaciones
contributivas a las personas trabajadoras y a sus familias, con pensiones o
protección del desempleo.
-La atención sanitaria universal y un porcentaje del gasto
farmacéutico es financiado, en parte, con las cotizaciones de las personas
trabajadoras y el empresariado y, en parte, con impuestos.
-El derecho a la enseñanza gratuita hasta los 18 años y
financiamiento parcial de la enseñanza universitaria. Sus gastos se cubren mediante
los impuestos.
-Los servicios sociales para dar respuesta a necesidades,
como la protección a la infancia, las pensiones para los que no tienen pensión contributiva,
la ayuda a las discapacidades, las viviendas sociales, las ayudas a la
dependencia y las situaciones de exclusión social. Todas ellos son financiados
mediante los impuestos.
C. LA DEBILIDAD DEL
ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA
A pesar de los avances realizados en la construcción del
Estado de bienestar, España ha mantenido a lo largo de todo el período
democrático una relativa distancia con los países más avanzados de la Unión
Europea.
Esta situación se debe a que España dedica un menor porcentaje
del PIB a los gastos sociales que la
media del conjunto de los países comunitarios que se sitúa en torno al 27%. Por
ello cualquier reducción de dicho porcentaje en tiempos de crisis puede afectar
gravemente al bienestar social.
D. LA CRISIS DE 2008
En España la crisis de año 2008 afectó muy gravemente al
sector inmobiliario y financiero. El gran crecimiento de la construcción de los
años anteriores finalizó súbitamente (“burbuja inmobiliaria”) y muchas empresas
quebraron.
La disminución de la construcción afectó a muchas empresas
que dependían de ella, lo que provocó que el sector industrial entrara en
crisis, y se generara un gran incremento del paro.
La crisis bancaria se desencadenó como consecuencia del alto
coste a la financiación inmobiliaria debido a la especulación. La quiebra de
empresas constructoras y el aumento del paro entre los trabajadores y
trabajadoras llevó al impago de créditos e hipotecas, lo que provocó una enorme
cantidad de deshaucios.
La caída de la actividad económica y a la falta de fondos
europeos se tradujo también en un descenso de los impuestos por impuestos
debido a una menor recaudación, tanto sobre las empresas como sobre los
salarios, que han descendido notablemente.
Ante estas dificultades de financiación se ha producido una
notable reducción de la inversión en infraestructuras y unos recortes
generalizados en los presupuestos de todas las administraciones que han
afectado, incluso, a servicios esenciales como la enseñanza y la sanidad.
